PROLOGO

PR-Paper-Photos-430x288-authorPor Dr. Michael K. Dorsey

Hace veintidós años, el Presidente de los Estados Unidos ordenó a todas las agencias federales incluir la “justicia ambiental” como parte de su misión de “identificar y abordar, según proceda, los niveles desproporcionadamente altos de los adversos efectos en el medio ambiente, o en la salud humana, de sus programas, políticas y actividades respecto de las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos en los Estados Unidos, sus territorios y posesiones”. Esto incluye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La directiva del Presidente, consagrado en una orden ejecutiva, obligó a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) redireccionar a su recién creada Oficina de Justicia Ambiental con el fin de promover nuevos programas y políticas para garantizar la igualdad en el tema de la protección del medio ambiente para los ciudadanos americanos en virtud de la ley. A pesar de que tardó en reconocerlo, la EPA ahora acepta que la igualdad en la protección del medio ambiente frecuentemente está ausente entre las comunidades que suelen ser perjudicadas en primer lugar, en particular por la ubicación desproporcionada y el vertido indebido de los residuos peligrosos y otras amenazas para la salud pública y ambiental.

Para colmo, en el contexto de esta injusticia, muchas de las comunidades que ya soportan una carga desproporcionada, suelen ser los grupos más marginados de la sociedad, en general debido a su condición racial o étnica y sus bajos ingresos. En los Estados Unidos, los residuos peligrosos se vierten de manera desproporcionada en las comunidades donde viven nuestros conciudadanos más pobres, los grupos de personas de piel negra y morena como yo, aquellos que sobreviven al margen del sueño americano, que se torna algo más parecido a una pesadilla. Puerto Rico no es exenta del flagelo de la injusticia ambiental, algo que muchos académicos llaman el racismo ambiental.

Dos tercios o más de los vertederos municipales de Puerto Rico no cumplen con las normas de la EPA.  No se trata de apenas uno o dos vertederos que no cumplen. El problema afecta a toda la isla de los 27 vertederos municipales del ELA, por menos 20 no cumplen con las normas ambientales más básicas.  Recientemente, en una escueta misiva dirigida a un miembro del Congreso, el administrador regional de la EPA con la responsabilidad de supervisar la crisis de los vertederos de la isla afirmó que: “Durante muchos años, la EPA ha trabajado para mejorar la gestión de los residuos sólidos en Puerto Rico”. Simultáneamente, la EPA también admite que “los vertederos en Puerto Rico no han sido siempre cerrados de acuerdo con las mínimas regulaciones federales y estatales”.  Este informe revela, a través de los documentos internos de la EPA, que la Agencia simplemente no ha tomado las acciones apropiadas durante décadas, acciones que fueron y son vitales para hacer frente a lo que se ha identificado como una “amenaza inminente para la salud humana y el medio ambiente”.

Estas declaraciones de tono elevado de que se está realizando la supervisión adecuada son incongruentes con la admisión de la abrogación de los deberes más básicos por parte de la EPA, y esto debería ser motivo de grave preocupación al más alto nivel. Tales declaraciones contradictorias plantean serias dudas sobre la capacidad de liderazgo y de la supervisión de la gestión de la EPA, y muy bien pueden indicar que ha habido una negligencia criminal. Este informe producido por Puerto Rico Limpio da cuenta de casi una generación de “mirar hacia otro lado” por parte tanto de la EPA como de su contraparte en la isla: la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico. Los resultados son demás inquietantes. Las advertencias y sugerencias realizadas por el personal a cargo de hacer cumplir las normativas son normalmente ignoradas o desacreditadas. Y mientras tanto, se sigue dejando a estas.

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