RESUMEN EJECUTIVO

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha tomado poca acción a pesar de documentar, durante más de una década, las reiteradas violaciones graves de las normas federales de seguridad respecto de los vertederos en Puerto Rico. Además, ha permitido que la mayoría de los vertederos municipales de la isla puedan seguir operando como “vertederos a cielo abierto”, contaminando el suelo, el agua y el aire en violación de la ley federal.

PR-Photos-228x430-6Estos hechos han sido expuestos a través de un trabajo de rastreo de documentación y comunicación de la EPA obtenidas por Puerto Rico Limpio a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), y que ahora publica de manera exclusiva en este informe a continuación.

La información muestra que durante más de dos décadas, el personal de la EPA documentó un estado de caos regulatorio en el cual se llevaron a cabo reuniones y comunicaciones entre esta entidad y el gobernador de Puerto Rico, sus funcionarios de alto nivel, la Junta de Calidad Ambiental (JCA), los líderes municipales y los operadores de vertederos, y que los acuerdos obtenidos fueron incumplidos, ignorados, negados u obstaculizados de manera rutinaria.  Al fin y al cabo, nunca ha habido una aplicación efectiva de la ley en Puerto Rico, y la EPA no ha respondido de manera eficaz.


Los delitos y la mala administración en escala mayor de la JCA

Los archivos de la EPA del 1994 muestran que en su momento, Puerto Rico propuso un complejo plan para crear un sistema de gestión de residuos sólidos que era seguro y cumplía con la ley, fue cuando la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) solicitó a la EPA la concesión de la autoridad de aplicación a nivel local.  Pero a medida que pasaron los años, los documentos de la EPA muestran que las promesas hechas por la JCA en su aplicación nunca se cumplieron.

Los documentos muestran que en el plan de 1994 presentado por la JCA, se pedía una expansión de su plantel de funcionarios a cargo de hacer cumplir la ley. Sin embargo, la EPA hizo la vista gorda durante años mientras las autoridades locales sistemáticamente eliminaron todos los puestos propios del equipo de cumplimiento para los vertederos, todo debajo de sus propias narices, durante un periodo crítico: de 14 empleados en 2000 a 5 en 2005, a 1 en 2010 y en el 2012 ya no quedaba ninguno.

Peor aún, la EPA descubrió en 2005 que poco después concederle a la JCA el nivel de autoridad local buscado, esta entidad evisceró las reglas que gobernaban a los vertederos locales, reduciendo el nivel de exigencias por debajo de los estándares federales, sin notificar a la agencia federal como dispone la ley.  A pesar de las advertencias iniciales de alto nivel que dirigió la EPA de la Región 2 al entonces gobernador de Puerto Rico, la JCA se resistió a responder.  Cuando Judith Enck asumió como administradora de la Región 2, los registros indican que todo contacto de alto nivel con las autoridades de Puerto Rico cesó.

El incumplimiento del deber por parte de la EPA

Pero con respecto a la enormidad del problema documentado por el personal ejecutivo de la EPA Región 2, el liderazgo regional nunca intervino para tomar medidas decisivas y revocar la autoridad de ejecución conferida en la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, haciendo cumplir las leyes federales en los vertederos de Puerto Rico.

De hecho, bajo el mandato de la administradora regional Judith Enck, el personal encargado del cumplimiento emitió una recomendación específica para revocar la autoridad de la JCA y directamente hacer cumplir las normas federales de cara a la crisis de los vertederos que ya presentaban “una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medio ambiente”.  Pero Enck no le hizo caso a la recomendación y disminuyó la presión sobre las autoridades locales.  A su vez, es altamente probable que las comunidades vecinas a la mayoría de los vertederos hayan sido expuestas a la contaminación de las aguas subterráneas, de las costas y los ríos, de los recursos marinos, y de las zonas húmedas y reservas naturales protegidas, mientras que la EPA seguía registrando la acumulación de informes internos que representaban años de violaciones de la Ley sobre la Conservación de Recursos y Recuperación (Resources Conservation and Recovery Act – RCRA).

La secuencia de las evaluaciones internas de la EPA producidas entre 2005 y 2014 muestra una incapacidad reiterada de encontrar la forma de resolver la crisis que padecía el sistema de rellenos sanitarios en la isla.  La EPA ha informado repetidamente que la mayoría de los vertederos no cumplen de manera “significativa”, “grave” o “sostenida”, y que se caracterizan como “vertederos a cielo abierto”.  A pesar de la existencia de archivos que reconocen décadas de violaciones en desmedro de la salud pública y la seguridad ambiental, sólo se conoce, por parte de la EPA como autoridad de intervención unilateral bajo la Sección 7003, acciones contra apenas menos de la mitad de los vertederos en incumplimiento, durante más de dos décadas.  El resultado de la negligencia en el cumplimiento del deber federal de la EPA, es que la mayoría de los 27 vertederos actuales de Puerto Rico, descritos en los propios archivos de la EPA como “vertidos a cielo abierto sin liner” – a menudo en regiones sensibles por el medio ambiente – siguen operando en la actualidad.

Muchas de las áreas más afectadas en Puerto Rico son zonas donde vive gente empobrecida o de bajos ingresos que no tienen el mismo acceso a la protección legal que aquellas comunidades con mayores recursos.  Este nivel de descuido constituye una forma de injusticia ambiental, puesto que las comunidades americanas desfavorecidas en Puerto Rico reciben menos protección federal que sus pares en el continente.

El informe plantea una serie de preguntas preocupantes acerca de las acciones de la EPA y por qué fueron tan negligentes en la protección de las comunidades de Puerto Rico:

¿Por qué la actual administradora de la Región 2 de la EPA, Judith Enck ha tomado un enfoque poco convincente hacia la crisis, a pesar de las repetidas evaluaciones muy claras que se han producido durante todo su mandato?  La administradora de la EPA Gina McCarthy ¿fue informada sobre la crisis de los vertederos?  ¿Cuándo, y en qué medida?

La EPA o el gobierno de Puerto Rico ¿han llevado a cabo pruebas ambientales o evaluaciones del nivel y grado de contaminación del agua, del aire y del suelo alrededor de los vertederos que han tenido permiso para violar las reglas de seguridad durante décadas?  ¿O fueron estas investigaciones bloqueadas internamente?

¿Qué relevará un examen a fondo del rastro de la documentación adentro de la JCA, y la comunicación entre la Junta y los rellenos sanitarios, acerca de la evisceración de las regulaciones locales perpetrada en 1997?  ¿Existen intereses financieros en Puerto Rico que tienen una relación directa con lo sucedido que va más allá de los propios municipios?

Con semejante número de vertederos que ni siquiera clasifican ni supervisan la basura entrante, ¿cuál es el nivel de gravedad alcanzado por el vertido ilegal de residuos peligrosos en Puerto Rico bajo la vigilancia de la EPA?

Estos vertederos que no cumplen, ¿están violando la ley federal de Aire Limpio y Agua Limpia?

¿Será posible que los futuros intentos de indagar a mayor profundidad pondrán al descubierto aún más crímenes cometidos por las empresas, los funcionarios públicos y hasta los trabajadores?

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