IV. Conclusiones y preguntas que todavía necesitan respuestas

El rastro de la documentación que expone el envenenamiento de Puerto Rico está público ahora, y las conclusiones son claras: la EPA, las autoridades de Puerto Rico y la mayoría de los vertederos municipales del ELA han colaborado o se han puesto de acuerdo para permitir un negocio masivo, tóxico e ilegal de vertido de miles de toneladas de basura sin regular en simples agujeros hechos en el suelo en toda la isla.  Y esto ha estado ocurriendo, debajo de las narices del pueblo, durante una década o más.  El aumento de amenazas para la salud que originan en estos sitios tóxicos, tales como el virus del Zika, exigen más que nunca que instemos a los reguladores que hagan su trabajo.

Por otra parte, la crisis de los vertederos que la EPA ha permitido que florezca en Puerto Rico es algo único.  La propagación de semejante situación en tantos lugares tóxicos, nunca sería tolerada en los Estados Unidos continental.  Las comunidades donde se ubican los vertederos en Puerto Rico son en su mayoría de bajos recursos, y el ELA no disfruta de los mismos beneficios que los estados.  Estas comunidades afectadas no tienen, por lo tanto, el mismo acceso a los recursos que protegen sus derechos como sus pares americanos, ni tampoco tienen una voz que pueda expresar sus preocupaciones como la tienen las comunidades más acomodadas en el continente.  En otras palabras, la crisis de los vertederos en Puerto Rico es un caso claro de injusticia ambiental.  La EPA no está proporcionando a estas comunidades los mismos beneficios y protección que a las comunidades más favorecidas en la parte continental de los Estados Unidos.

Las preguntas que debe hacerse el pueblo de Puerto Rico, así como el movimiento de justicia ambiental en los Estados Unidos y aquellos en el gobierno de Obama y en el Congreso de Estados Unidos que son responsables de vigilar el accionar de la EPA, son las siguientes:

    • ¿Por qué es que la actual administradora de la Región 2 de la EPA, Judith Enck, ha tomado un enfoque tan mediocre a la crisis, a pesar de las repetidas y claras evaluaciones realizadas por su personal durante una década o más?  La administradora de la EPA Gina McCarthy ¿fue informada sobre la crisis de los vertederos?  ¿Cuándo, y en qué medida?
    • ¿Qué relevará un examen a fondo del rastro de la documentación adentro de la JCA, y la comunicación entre la Junta y los rellenos sanitarios, acerca de la evisceración de las regulaciones locales perpetrada en 1997?  Existen intereses financieros en Puerto Rico que tienen una relación directa con lo sucedido que va más allá de los propios municipios?
    • La EPA o el gobierno de Puerto Rico ¿han llevado a cabo pruebas ambientales o evaluaciones del nivel y grado de contaminación del agua, del aire y del suelo alrededor de los vertederos que han tenido permiso para violar las reglas de seguridad durante décadas?  ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de vertimiento de desechos peligrosos en estos sitios?  ¿O fueron estas investigaciones bloqueadas internamente?
    •  ¿Cuándo harán que los vertederos que no cumplen acaten los estándares mínimos de la EPA o sean cerrados?
    • Además de los volúmenes importantes de informes que detallan las violaciones de las leyes federales, documentadas en los archivos que hemos descubierto, ¿se han cometido delitos?  ¿Por quién?  Y si es así, ¿se hará justicia?

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