II. Hecho delictivo de la JCA, documentada por la EPA

El plan fallido de 1994 de Puerto Rico

En 1994, la EPA revisó una solicitud para conferir la autoridad de permisos y ejecución respecto de los vertederos de Puerto Rico a la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA). Para conceder esa autoridad,  la EPA debió revisar los planes de supervisión y permisos de Puerto Rico para evaluar si eran adecuados.

PR-Paper-Photos-430x288-4En el documento, la solicitud de la JCA se mostró a todas luces completa y en consonancia con la letra y el espíritu de la RCRA, Inciso D. En ese entonces, Puerto Rico tenía 61 vertederos en operación, y se había comprometido con el cierre permanente de 31 plantas: “Veintinueve SLFs (Sanitary Landfill) municipales (más una instalación particular) estarán sujetos a la regulación después del 9 de abril de 1993 (29 municipios y 1 privado). De estas instalaciones, aproximadamente 19 están programadas para su cierre eventual durante un período de transición de 5 a 7 años. …. Todas las instalaciones existentes, incluidas aquellas programadas para el cierre eventual, serán autorizadas en el Reglamento y sujetas a los requisitos técnicos detallados en la Parte 258. Después de completar esta fase de transición, quedarán aproximadamente 11 instalaciones regionales que continuarán sirviendo al ELA”.

Pero el plan nunca se realizó.  Una revisión de los informes internos redactados por los funcionarios encargados de hacer cumplir las reglas de la EPA entre 2005 y 2014, en los cuales se evalúa la situación de cumplimiento de los vertederos en Puerto Rico, revela que la JCA nunca llevó a cabo su plan, ni tampoco pudo alcanzar el mínimo nivel de cumplimiento que debería tolerar la EPA bajo la RCRA.  Las evaluaciones son tan malas e inmutables que los mismos agentes recurrieron a la repetición del mismo panorama calamitoso en la sección inicial de cada documento producido durante nueve años.

De la evaluación de 2005, firmado por el agente de cumplimiento Carl Plossl:  “Muchos vertederos en operación en Puerto Rico han estado en un estado de incumplimiento significativo de la normativa que gobierna los vertederos de residuos sólidos federales y estatales durante más de 10 años, y se consideran vertederos abiertos que representan un riesgo permanente para la salud humana y el medio ambiente. La Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) no han sido eficaces en la corrección de este incumplimiento. (…) A pesar del cierre de aproximadamente 30 vertederos a cielo abierto en los últimos 15 años, los restantes 29 vertederos de desperdicios sólidos municipales en operación siguen en un estado de incumplimiento significativo, tanto de los reglamentos sobre los vertederos de desperdicios sólidos de la ELA como a nivel federal. No hubo ningún esfuerzo aparente por parte del Gobierno de Puerto Rico para implementar el plan de gestión de desperdicios sólidos (Solid Waste Management Plan) del 10 de agosto de 1993”.

De la  evaluación de 2006, firmado por Plossl y Adolph Everett: “Muchos vertederos en operación en Puerto Rico han estado en un estado de incumplimiento significativo de la normativa que gobierna los vertederos de desperdicios sólidos federales y estatales durante más de 11 años, y se consideran vertederos abiertos que representan un riesgo permanente para la salud humana y el medio ambiente.  La Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) no han sido eficaces en la corrección de este incumplimiento.”

De la evaluación de 2008, firmado por Plossl, Philip Flax y Kimiko Link: “Muchos vertederos en operación en Puerto Rico han estado en un estado de incumplimiento significativo de la normativa que gobierna los vertederos de desperdicios sólidos federales y estatales durante más de 12 años, y se consideran vertederos abiertos que representan un riesgo permanente para la salud humana y el medio ambiente. La Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) no han sido eficaces en la corrección de este incumplimiento desde el punto de vista de la planificación (bajo el mando de la ADS) o desde la perspectiva de la implementación de un programa (bajo el mando de la JCA). En parte, esto se puede atribuir a la falta de un plan de gestión integral de desperdicios sólidos”.

De la evaluación de 2010, firmado por Everett y George Meyer: “Muchos de los vertederos de Puerto Rico están llegando al límite de su capacidad, la mayoría no cumple con las normas federales de la RCRA y la CAA y presenta una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medio ambiente. Se realiza un reciclaje escaso. A pesar de que la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) tiene la autorización para poner en práctica los permisos y aplicarlos dentro del programa de desperdicios sólidos de la RCRA, la JCA ha sido incapaz de hacerlo. Del mismo modo, la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico no ha puesto en práctica ninguno de los planes de gestión de desperdicios sólidos propuestos en los últimos 15 a 20 años”.

De la evaluación de 2011, firmado por Everett y Meyer: “Muchos de los vertederos de Puerto Rico están llegando al límite de su capacidad, la mayoría no cumplen con las normas federales de la RCRA y la CAA, y presentan una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medio ambiente.  Se realiza un reciclaje de naturaleza escasa.  A pesar de que la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) tiene la autorización para poner en práctica los permisos y aplicarlos dentro del programa de residuos sólidos de la RCRA, la JCA ha sido incapaz de hacerlo.  Del mismo modo, la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico no ha puesto en práctica ninguno de los planes de gestión de desperdicios sólidos propuestos en los últimos 15 a 20 años”.

De la evaluación de 2012, firmado por Everett y Meyer: “Muchos de los vertederos de Puerto Rico ya han llegado o están llegando al límite de su capacidad y pueden presentar una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medio ambiente. Se comprueba la existencia de unos pocos programas de reciclaje escaso de residuos sólidos municipales. A pesar de que la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) tiene la autorización para poner en práctica los permisos y aplicarlos dentro del programa de gestión de residuos sólidos de la RCRA, la JCA no ha atendido el problema de los vertederos que no cumplen mediante acciones correctivas de aplicación. Del mismo modo, la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico no ha puesto en práctica ninguno de los planes de gestión de desperdicios sólidos propuestos en los últimos 15 a 20 años”.

De la evaluación de 2013, firmado por Meyer: “Muchos de los vertederos de Puerto Rico ya han llegado o están llegando al límite de su capacidad y pueden presentar una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medio ambiente. Se comprueba la existencia de unos pocos programas de reciclaje escaso de residuos sólidos municipales. A pesar de que la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) tiene la autorización para poner en práctica los permisos y aplicarlos dentro del programa de gestión de residuos sólidos de la RCRA, la JCA no ha atendido el problema de aquellos vertederos que no cumplen mediante acciones correctivas de aplicación. Del mismo modo, la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico no ha puesto en práctica ninguno de los planes de gestión de residuos sólidos propuestos en los últimos 15 a 20 años”.

De la evaluación de 2014, firmado por Leonard Voo y Judy Mitchell: “Muchos de los vertederos de Puerto Rico ya han llegado o están llegando al límite de su capacidad y pueden presentar una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medio ambiente.”

 
La JCA eviscera las Reglas de Seguridad

La cuestión del no cumplimiento de la normativa no se limita sólo al tema del cumplimiento y su aplicación.  En 1997, la JCA cruzó una nueva línea cuando fueron las autoridades mismas que llevaron a cabo el eviscerado deliberado de las normas básicas.  Ese año, el gobierno de Puerto Rico modificó el reglamento aprobado por la EPA respecto del proceso de otorgamiento de permisos. Este cambio se hizo sin notificar a la EPA, en violación de las regulaciones federales, y la EPA no se dio cuenta hasta 2005.

Los cambios en las regulaciones tuvieron el efecto de eximir a los municipios de la necesidad de cumplir con la garantía financiera, y de permitir que realizaran nuevas expansiones horizontales afuera de los límites originales de la zona del vertedero, asimismo eximiéndoles de los requisitos de revestimiento y de recogida de lixiviados.  Fue, lisa y llanamente, una evisceración de las reglas de seguridad para los vertederos, algo que violó el deber de la JCA de hacer cumplir las normas federales.

Un correo electrónico interno de la EPA revela que la agencia descubrió esta violación de la ley federal casi una década más tarde, en junio de 2005.  Este correo electrónico es parte de una conversación entre un grupo de miembros del personal a cargo de hacer cumplir la reglamentación de la EPA Región 2, que están hablando de la “expansión lateral del vertido a cielo abierto en Toa Baja” (un vertedero que sigue funcionando hoy en día).  En la conversación, un funcionario informa al grupo que “hemos verificado las reglas actuales de la JCA vs. aquellas originalmente presentadas con respecto a la expansión lateral. (…) La norma original, presentada como parte de la solicitud de aprobación del programa, fue redactada correctamente, pero la JCA la ha revisado de manera inapropiada (…). Esta situación tiene implicancias importantes para toda la isla y debe ser corregida”. 

Los archivos revelan que el entonces administrador de la Región 2, Alan Steinberg, se involucró de inmediato, y su respuesta inicial fue dirigida hacia las más altas autoridades en Puerto Rico.  El  30 de noviembre de 2005, un correo electrónico interno de parte del mismo funcionario encargado de hacer cumplir la reglamentación de la EPA, George Meyer, parecería sugerir que habían afrontado a la JCA con la evidencia de los cambios, pero que la Junta negó que hubieran ocurrido.  El correo electrónico incluye una conversación que indica que Steinberg (identificado por las siglas correspondientes a su cargo, “RA”, en el correo electrónico) habría enviado una carta al gobernador de Puerto Rico, en el cual había establecido los “objetivos” de la EPA con los cuales Puerto Rico debería cumplir.  El primer objetivo reza: “Para el 30 de noviembre de 2005, deberá notificar a la EPA oficialmente, por escrito (en inglés), todos los cambios realizados a la normativa de desperdicios sólidos de Puerto Rico desde el momento de la aprobación por parte de la EPA del programa de gestión de desperdicios sólidos de PR”.

Sin embargo, el correo electrónico señala que en una reunión celebrada por Steinberg en Puerto Rico,  “la JCA repitió su afirmación de que no se habían realizado cambios en la reglamentación, por lo que no está claro si la respuesta se enviaría en breve.”

En febrero de 2006, Aníbal José Torres, el secretario del interior de la gobernación del entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, respondió a Steinberg en una carta en la cual tomaba nota de la solicitud de traducir la normativa actual de la JCA al inglés, tres meses después del envío de la solicitud de que proporcionaran un análisis de los cambios realizados por Puerto Rico.  Torres informó que enviarían la traducción a la EPA en marzo de 2006 y que “evaluarían” los “comentarios” de la misma, pero otros documentos sugieren que la JCA no mandó su respuesta hasta mayo de ese año.  Sin embargo, el documento que finalmente fue enviado a la EPA demostró que la JCA sí había violado la ley.

En una carta escueta de Steinberg al gobernador Acevedo Vilá con fecha del 5 de octubre de 2006, Steinberg explicó que la agencia había recibido la traducción en inglés de la normativa sobre los vertederos por parte de la JCA el 10 de mayo, pero no había recibido el análisis de los cambios realizados, ni la explicación adjunta que ellos habían exigido para aclarar el porqué de cada cambio.  “La EPA no recibió la descripción de los cambios por parte de la Secretaria de Justicia, ni la razón de ser de estos cambios, ni la certificación de que dichos cambios habían sido efectuados, ni la garantía de que estos reglamentos habían sido traducidos correctamente”, escribió Steinberg.  A pesar de esto, la EPA pudo constatar que la JCA había efectivamente eviscerado las normas federales clave: “Hemos observado una serie de cambios que no son compatibles con los requisitos federales, de acuerdo con 40 CFR Parte 239 y Parte 258.  Estos cambios incluyen la definición de la expansión lateral y la aplicabilidad de los requisitos de garantía financiera, previamente subrayados.  También observamos un cambio significativo en la definición de un revestimiento compuesto.  Estos cambios, junto con otros señalados por la EPA, pueden poner en peligro el estatus de aprobación del programa de vertederos de desperdicios sólidos municipales de Puerto Rico”.  Con el fin de no permitirle a la JCA más margen de maniobra, Steinberg adjuntó el reglamento original de Puerto Rico, producido en 1993 en español que cumplía con las normas federales para que se pudiera comparar con la normativa eviscerada en uso por la JCA.

La amenaza de Steinberg, emitida contra la autoridad de la JCA, luego de que su personal haya descubierto hasta qué punto se había modificado la normativa de vertido, era una medida adecuada dadas las circunstancias.   En la evaluación de los vertederos de Puerto Rico, redactada por los funcionarios de la EPA Carl Plossl, Philip Flax y Kimiko Link, del 4 de diciembre de 2008, cerca del final del mandato de Steinberg, se decidió que desde esta Agencia se podría tomar semejante acción, pudiendo asimismo atender potenciales problemas legales o reglamentarios con la intervención y aplicación directa de la EPA: “Las consecuencias de no volver a modificar los reglamentos según los requisitos federales podrían incluir la revocación de la aprobación del programa, lo que le conferiría a la EPA la autoridad de aplicación directa para la parte 258 del 40 CFR que tiene que ver con los requisitos que rigen los vertederos. Sin embargo, la EPA no tendría la autoridad de otorgar las habilitaciones, y, como consecuencia, Puerto Rico perdería la flexibilidad que gozan aquellos estados con autorización, siendo que a estos se les permite autorizar la construcción de nuevos vertederos o ampliar las instalaciones existentes en zonas sísmicas (la totalidad de Puerto Rico se encuentra en una zona sísmica). Sin embargo, la EPA podría dictar normas específicas para lograr este fin”.    Entre las “opciones y recomendaciones” detalladas al final del documento por el personal a cargo del cumplimiento de las normas aparece, sencillamente, la recomendación: “Retirar la aprobación del programa.”

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