EPA A LOS PUERTORIQUEÑOS: CLIENTES DE WHOLE FOODS SON MÁS IMPORTANTES

picture1Un grupo de activistas condena el trato de ciudadanos de segunda clase por parte de Gina McCarthy hacia los ciudadanos americanos; mientras que la EPA toma acción inmediata en pos de los clientes de supermercados de lujo, le da la espalda a Puerto Rico
(SAN JUAN – 22 de septiembre 2016) Puerto Rico Limpio condena el trato desigual y discriminatorio por parte de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) respecto de la gestión de residuos peligrosos en la parte continental de Estados Unidos, comparado con los vertederos en Puerto Rico.  Esta semana, la EPA anunció un acuerdo de varios millones dólares celebrado con la alimenticia Whole Foods Markets respecto de la eliminación inadecuada de “residuos peligrosos”. Sin embargo, la EPA sigue haciendo la vista gorda a la continua operación de vertederos ilegales y tóxicos en las comunidades minoritarias y pobres en todo el territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

“La EPA nos discrimina al tratarnos como ciudadanos de segunda clase”, dijo Hiram Torres Montalvo, co-fundador de Puerto Rico Limpio.  “El agenda ambiental de la administradora McCarthy tiene más que ver con apaciguar a la clase acaudalada de personas que donan a las causas medio ambientalistas, que con la limpieza y el saneamiento de residuos tóxicos en las comunidades de color.”

Recientemente, Puerto Rico Limpio publicó un informe, “El Envenenamiento de Puerto Rico”, que da a conocer los documentos internos de la EPA, una prueba contundente que demuestra que la Agencia ha sabido desde hace más de una década que la mayoría de los vertederos municipales de Puerto Rico están operando en violación de casi todas las normas federales y representan una “amenaza inminente para la salud humana y el medio ambiente”, mientras que la EPA se quedó cruzado de brazos y no hizo nada.

“El ingreso promedio por hogar para los clientes de Whole Foods es de $ 62,314 mientras que para el  hogar promedio en Puerto Rico es de $ 19,518,” agregó Torres Montalvo.  “Es lamentable que la EPA esté privilegiando a determinadas comunidades por encima de los demás en el campo de la protección de la salud y el medio ambiente bajo la ley federal.  Esto se ha convertido en un preocupante patrón de injusticia.  Lo hemos visto en Flint, Michigan, y en West Calumet, Indiana.  Ahora lo estamos viendo en todo Puerto Rico”.

Torres Montalvo prosiguió: “Parece que hay una política tácita bajo la administradora Gina McCarthy para que  ciertas comunidades puedan acaparar toda la atención de inmediato mientras que otras tienen que enfrentarse a años o décadas de amenazas para la salud y condiciones tóxicas que están prohibidas por la ley federal”.