CÓMO LA EPA SIGUE ENVENENANDO A PUERTO RICO

Ordenes sin ejecutar, decretos de consentimiento sin utilidad y multas que no se aplican a los transgresores 

(San Juan, PR – 27 de abril de 2017) Tras una investigación minuciosa de los documentos de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), que se obtuvieron a través de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act , FOIA), la organización de acción ciudadana, Puerto Rico Limpio dio a conocer hoy un nuevo informe.

Los hallazgos que se hicieron en esta investigación desmienten las afirmaciones públicas de la Agencia Federal sobre el progreso en el cierre de los 12 vertederos municipales que no cumplían con la ley. Este informe revela que, de hecho, la EPA sabía que 19, de los 29 rellenos sanitarios de la Isla, eran vertederos ilegales a cielo abierto. A pesar de esto, actualmente todos continúan operando y siguen violando las leyes federales.

“El informe evidencia, aun más, la incompetencia de la EPA”, dijo Hiram J. Torres Montalvo, cofundador de Puerto Rico Limpio. “Las acciones recientes en los vertederos de Toa Alta y Santa Isabel son simplemente un plan elaborado, por parte de la EPA, para ocultar 8 años de ineptitud burocrática y negligencia criminal”.

El nuevo comunicado, titulado “Cómo la EPA sigue envenenando a Puerto Rico”, incluye una serie de hallazgos claves basados en documentos de la EPA y en otras pruebas que la organización ha publicado en su portal hoy junto a dicho informe. Como por ejemplo:

  • No se encontraron pruebas de que cualquiera de los vertederos que hoy siguen abiertos y son “objeto de acción legal”, o de decretos de consentimiento, hayan sido adecuados legalmente durante la última década. De hecho, todos siguen violando las leyes federales y siguen presentando una amenaza inminente para el medio ambiente y para el pueblo.
  • Una carta de 2011 de la Administración de Obama a la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA), en ese momento subordinada al gobierno de Luis Fortuño, abogó por no apresurar el cierre de los vertederos tóxicos, posición que dio paso a una política de la EPA basada en un frágil cumplimiento de la ley.
  • En el listado de los 12 vertederos “objeto de acción de la EPA,” este organismo aparentemente habría desistido de realizar el seguimiento correspondiente de manera sistemática, permitiendo que reiteradamente pasaran los plazos y que los operadores hicieran caso omiso de los puntos de referencia, pudiendo asimismo, posponer aún las mejoras más mínimas.
  • La EPA tuvo conocimiento del daño ambiental y la amenaza persistente durante años, incluso mientras emitían decretos de consentimiento y órdenes administrativas. Nunca suspendieron las operaciones de ninguno de los vertederos de inmediato, a pesar del peligro. El ejemplo más reciente fue la orden administrativa emitida contra el vertedero de Toa Alta el pasado 11 de abril que detallaba las violaciones extremas de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos [Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)] y contenía múltiples referencias al “peligro inminente para la salud humana y el medio ambiente”. Sin embargo, la orden permitía que el relleno sanitario siguiera recibiendo y depositando residuos en células sin revestimiento hasta fines de 2017.

“Comentarios recientes expresados por determinados individuos que alegan que no tienen la autoridad reguladora para cerrar los vertederos, que colocar un candado no funcionará, que no se puede construir una estación de transferencia o que la situación fiscal impide el cierre, simplemente contribuyen a la perpetuación de un delito ambiental en contra de sus conciudadanos”, dijo Torres Montalvo.

Para leer “Cómo la EPA continúa envenenando a Puerto Rico”, visite: http://puertoricolimpio.org/la-epa-sigue-envenenando-puerto-rico/