JEFE DE JCA DE PUERTO RICO ADMITE QUE VERTEDEROS SON TOXICOS

A las preguntas del equipo de transición del gobernador entrante electo Rosselló, Weldin Ortiz admite que fracasaron a la hora de hacer cumplir las leyes federales y locales

(SAN JUAN, P.R. – 8 de diciembre de 2016) – En un intensa sesión de interrogación por parte del equipo de transición entrante del gobernador electo Rosselló, el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Weldin Ortiz Franco admitió que la mayoría de los vertederos de Puerto Rico no cumplen con la ley federal.  Esto confirma lo que Puerto Rico Limpio ha estado diciendo durante meses, y lo que los funcionarios han tratado de mantener a escondidas del público.

“La admisión de Weldin Ortiz de que su oficina no hizo cumplir la ley es un delito”, declaró Hiram Torres Montalvo, co-fundador de Puerto Rico Limpio. “Las acciones de la EPA son de índole criminal.  Bajo Judith Enck, la EPA ha tratado a los puertorriqueños como ciudadanos de segunda clase. Esto no habría sucedido en Nueva Jersey o Nueva York. Han ignorado la salud y la seguridad de nuestra comunidad”.

Nuestro Plan de 4 puntos es la mejor solución para una rápida transformación de estos sistemas de relleno sanitario en un sistema de cumplimiento estricto y de gestión sostenible de desperdicios sólidos. El plan sería 1) Revocar la autoridad de permisos de la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA); 2) El cierre inmediato de los vertederos tóxicos; 3) Reutilizar y transformar los vertederos cerrados para su conversión a alternativas de energía limpia y sostenible como la generación de energía solar y eólica; y 4) La adopción de un plan para asegurar el cumplimiento total.

“El manejo de los desperdicios sólidos en Puerto Rico está muy rezagado, tiene un retraso de décadas comparado con el resto de los Estados Unidos y no hay excusa para seguir esperando.  Ahora es el momento de actuar con decisión, de cerrar estos vertederos, de dejar de perder tiempo y malgastar el dinero de los contribuyentes en el compostaje, y de modernizar la gestión de desperdicios sólidos de manera integral”, agregó Torres Montalvo. “Aguardamos con interés trabajar con el gobernador electo Rosselló y el nuevo liderazgo de la EPA para desarrollar una solución a esta crisis humanitaria”.
Para leer el informe completo, “El Envenenamiento de Puerto Rico”, y ver los documentos de la EPA internos obtenidos por el informe, visite: http://puertoricolimpio.org/el-envenenamiento-de-puerto-rico/

Para leer la presentación de Puerto Rico Limpio dirigida al Grupo de Trabajo del Congreso sobre el Desarrollo Económico en Puerto Rico (en Inglés), visite: http://puertoricolimpio.org/wp-content/uploads/2016/09/PRLimpio-Submission-to-Task-Force.pdf

Para saber más sobre Puerto Rico Limpio, su misión e información importante acerca de los vertederos peligrosos que no cumplen con la ley, visite: PuertoRicoLimpio.org, Puerto Rico Limpio en Facebook o síganos en Twitter: @PRLimpioOrg.

III. El incumplimiento del deber por parte de la EPA

Alan Steinberg se apartó de su puesto de administrador regional durante la transición entre las administraciones de Bush y Obama.  Aunque se había involucrado personalmente al plantear el tema de la mala administración de la JCA con los más altos funcionarios de Puerto Rico, y había advertido explícitamente que se podría revocar la autoridad de aplicación de la JCA, Steinberg no persiguió esta intervención.  Las razones para esto no son claras.

Cada año, el personal a cargo de cumplimiento de la normativa informó a la EPA de la Región 2 que el sistema de relleno sanitario de Puerto Rico estaba en crisis, y que la JCA no se estaba haciendo cargo.  En cada evaluación, se presentaba una meticulosa documentación sobre las fallas de la JCA al no ejecutar el plan que había presentado en 1994 para obtener la aprobación de la EPA y poder ejercer la autoridad de aplicación a nivel local.  En cada evaluación, el personal a cargo de cumplimiento de la normativa advirtió a la Región 2 que la mayoría de los vertederos de Puerto Rico “presenta” o “puede presentar” lo que se describe en varias ocasiones como “una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medio ambiente” – que constituye el gatillo claro y reglamentario para que la EPA intervenga de forma unilateral.

PR_Paper_Photos_02Pero al entrar en el detalle de estas evaluaciones internas, se revela que en la década pasada sólo se han cerrado dos vertidos a cielo abierto en Puerto Rico: Aguadilla (2006) y Santa Isabel (2012). Actualmente, 20 de los 27 vertederos restantes no cumplen con las normas mínimas federales, y al revisar estas evaluaciones internas desde 2005 en adelante, se ve que muchas de las instalaciones nunca han cumplido.  La principal diferencia que tiene la mayoría de estas con su estado original, es que se han ampliado significativamente sin tener en cuenta las normas federales, y ahora generan mucho más dinero por mes del que hicieron en 1994.

Los registros demuestran que la gran mayoría de los vertederos de Puerto Rico operan continuamente, año tras año, en violación de las normas federales.  Sin embargo, la EPA ha tomado muy pocas medidas para descargar su deber con los ciudadanos americanos que viven cerca de estos sitios en Puerto Rico, teniendo en cuenta el importante número de vertidos a cielo abierto comparado con las pocas instalaciones que sí cumplen, durante más de dos décadas bajo la autoridad de la JCA.  Esto representa un impresionante incumplimiento del deber federal por parte del liderazgo de la EPA de la Región 2.

Aunque Steinberg se había comprometido personalmente con este tema, habiendo planteado una amenaza de intervención por parte de la EPA, los documentos revelan que finalmente no actuó según había prometido.  Y terminó dejando la crisis a la próxima administración cuando se retiró de la EPA en 2009.

Durante la transición, el  Administrador Regional en funciones, George Pavlou, escribió al presidente de la JCA, Pedro Nieves Miranda en agosto de 2009.  Nieves Miranda asumió el cargo durante los primeros días del gobierno de Luis Fortuño.  La carta refleja que la JCA todavía no había corregido los cambios profundos realizados a las reglas sobre los vertederos, dado que no se habían tomado medidas al respecto en el transcurso de tres años: “Le escribo para volver a insistir en la necesidad de que la Junta de Calidad Ambiental (JCA) tome las medidas necesarias para revisar la normativa de desperdicios sólidos en Puerto Rico para que sean coherentes con el criterio federal sobre los vertederos. (…) En 1997, la JCA modificó la versión aprobada de la normativa por la EPA de 1993, sin consultar con esta Agencia.  Los reglamentos modificados debilitaron los controles de los vertederos de manera significativa, y el resultado es que los reglamentos de Puerto Rico ya no son coherentes con los requisitos federales”.

Pavlou detalló la profundidad con la que la JCA había cambiado las reglas:  “Los cambios clave que JCA realizó, y lo que preocupa a la EPA, incluyen: la eliminación de la exigencia de que sea un ingeniero profesional el que certifique el cumplimiento satisfactorio de las normas de cierre y pos-cierre; la revisión inaceptable de la definición de expansión lateral; el debilitamiento del estándar de conductividad hidráulica para los revestimientos compuestos; la eliminación de los requisitos de educación y de concesión de licencias para el personal que participa en la hidrología y el monitoreo de aguas subterráneas; la revisión de la definición de una “instalación existente de desperdicios sólidos”; y la eliminación de los requisitos de garantía financiera para los municipios”.

Pavlou confirmó que hubo falta de acción de ambas partes: “Hemos hablado de este tema muchas veces a través de nuestra correspondencia anterior y mediante reuniones, sin tomar ninguna resolución. (…) Estaría muy agradecido si usted podría hacer de esto una prioridad”.

Nieves Miranda contestó a Pavlou diez días más tarde y fue enfático: “Esta es una de las prioridades de la agenda regulatoria de este gobierno”.  El nuevo jefe de la JCA escribió que se había creado una comisión especial para trabajar sobre la modificación de las normas locales y agregó que “nuestra agenda incluye una revisión de toda la normativa local para evaluar su coherencia con las regulaciones federales y su actualización”.  Prometió una revisión para diciembre de 2009.

Pero cuando Judith Enck asumió el cargo de administradora regional bajo el gobierno del Presidente Obama, la presión sobre la JCA cesó.  Es evidente que hubo un cambio de política muy claro en la cúpula de la Región 2, a pesar de las advertencias continuas que realizaba el personal de control de la aplicación de la normativa.

La evaluación interna de la EPA de 2010 no mostró ninguna mejora concreta en la condición general del sistema de vertederos con la llegada de Enck, ni resultado alguno sobre los profundos cambios de las normas por parte de la JCA.  Pero si incluyó una indicación más enérgica entre las “opciones y recomendaciones”.  Decía: “Se recomienda considerar retirar la aprobación del programa, lo que permitiría a la EPA poder hacer cumplir los requisitos federales de la RCRA para los vertederos de manera directa.”

Las evaluaciones internas de la EPA en 2011 y 2012 observaron que la JCA envió una propuesta para revisar la normativa a la EPA a principios de 2010, algo que la agencia federal juzgó en gran medida aceptable.  Pero cualquier esfuerzo por ambas partes se terminó allí, según el registro.  Puerto Rico nunca adoptó las reglas apropiadas para los vertederos, y Enck nunca planteó el tema con mayor insistencia.  Los archivos no muestran ninguna evidencia de que Enck se haya comunicado con el gobernador o con la dirección de la JCA o que les haya presionado para actuar sobre la cuestión reglamentaria o sobre cualquier otro tema relacionado con el cumplimiento en general.  El informe de 2011 repite, en la sección “Opciones y recomendaciones”: “Se recomienda considerar retirar la aprobación del programa, lo que permitiría a la EPA poder hacer cumplir los requisitos federales de la RCRA para los vertederos de manera directa.”

Sin embargo, en la evaluación de 2012, se observa un cambio en el tono del discurso en la sección de “Opciones y recomendaciones”: “Al ser un programa delegado de gestión de desperdicios sólidos, la JCA debe implementar las secciones del mismo relativas a los permisos y cumplimiento en el área de los desperdicios sólidos para poder cumplir con sus obligaciones de autorización”.  Este renglón se repite en las evaluaciones de 2013 y 2014 realizadas por el personal de la Región 2.

En el documento anual de evaluación de los vertederos más reciente del 3 de septiembre de 2014, los resultados de la falta de acción por parte de Enck son más que claros: “Una carta solicitando que la JCA apruebe las revisiones propuestas fue enviada en enero de 2011. A partir del 02/10/14, no se han adoptado los cambios a nivel oficial (a través de su promulgación).  En las discusiones más recientes (…) la JCA indicó que estaba revisando nuevamente el tema de la regulación para determinar los próximos pasos, que deberían incluir la promulgación de los cambios necesarios (Estado actual: sin cambios desde 05/05/14)”.

No hubo ningún registro obtenido a través de las solicitudes de la FOIA de que se haya envido cualquier correo electrónico, carta o nota de parte de Enck mencionando su interés en presionar a la Junta o a cualquier funcionario de Puerto Rico para cumplir con sus responsabilidades respecto de la protección de la salud y del medio ambiente de la isla.  Tampoco hay indicios de que Enck se haya comunicado con los gobernadores de Puerto Rico o con la dirección de la JCA, acerca de la falta de promulgación de las normas cuya revisión la EPA había exigido.  Parece ser que para el año 2014, el tema se había caído.

Los documentos sugieren que Enck tomó una decisión política de alejarse de la JCA, a pesar de la evidencia que mostraba décadas de ilegalidad y caos y la reiterada falta de cumplimiento de las normas mínimas.  Y esta actitud de no intervención hacia la JCA se ha agravado sustancialmente gracias a la ineficacia de las medidas reglamentarias que Enck decidió tomar bajo RCRA § 7003.

La EPA dispone de la autoridad, bajo RCRA § 7003, de tomar una decisión sobre la gestión, transporte o almacenamiento de desperdicios sólidos en aquellos casos donde esto puede presentar algún “peligro sustancial e inminente para la salud y el medio ambiente”, pudiendo iniciar acciones legales o emitir órdenes. En cuanto a la emisión de órdenes, la EPA puede emitir una orden unilateral (UO) o una orden administrativa de consentimiento (AOC) si hay consentimiento. Como alternativa, la EPA puede pedir al Departamento de Justicia que proceda con la emisión de una demanda con el fin de prohibir las actividades de vertido, o si es apropiado, que accione a fines de ejecutar sanciones penales – a menudo estos procedimientos resultan en un decreto de consentimiento judicial.

Los informes internos de la EPA sobre los vertederos de Puerto Rico durante el mandato de Enck a partir de 2009 indican que tanto las órdenes administrativas como judiciales en Puerto Rico han sido parciales e intermitentes; por ejemplo, sólo nueve de 20 o más vertederos que no cumplen son objeto de acciones específicas, y además hay registros que muestran que los vertederos hicieron caso omiso a muchas de estas órdenes. En los informes más recientes, el personal a cargo de hacer cumplir la normativa de la Región 2 registró que estas mismas instalaciones están cometiendo una violación de las Leyes de Aire Limpio y Agua Limpia.

 La más reciente evaluación de los vertederos  publicada por la EPA concluye que el grado de incumplimiento registrado en 1994 no ha cambiado en veinte dos años:

“La Junta de Calidad Ambiental (JCA), responsable de la obtención de permisos y del cumplimiento de los vertederos en Puerto Rico, sigue siendo ineficaz en su función de regulación y aplicación de la normativa.  Muchos de los 29 vertederos en operación actualmente no están permitidos, la mayoría han alcanzado o están en vías de alcanzar su límite de capacidad (62% han llegado al límite de su capacidad), y las acciones para lograr su cumplimiento por parte de la JCA durante varios años no han generado mejoras significativas en el nivel de cumplimiento.  La EPA ha inspeccionado los vertederos en funcionamiento y ha encontrado un grado de incumplimiento generalizado.  Pocos vertederos ostentan revestimiento o sistemas de control de lixiviados, y varios se encuentran en terrenos kársticos, lo que agrava el riesgo de contaminación del agua subterránea.

La JCA modificó sustancialmente su normativa de gestión de desperdicios sólidos en 1997 sin notificar a la EPA según lo requerido.  La EPA realizó una comparación entre las regulaciones revisadas y el reglamento de 1993 en el cual se basó para emitir la aprobación del programa de Puerto Rico.  La Región 2 ha comunicado en reiteradas ocasiones desde 2006, tanto a la JCA como a la oficina del gobernador, su preocupación con los cambios realizados a la reglamentación, así como con el riesgo que trae esto para la aprobación del programa de Puerto Rico desde 2006″.

En su evaluación de 2014, la EPA también detalló que estaba en pleno conocimiento de la forma en la que la JCA había eliminado su personal central de control de aplicación de la normativa de manera sistemática durante muchos años:

“Además, la JCA ha eliminado o dejado abierto todos los puestos centrales que tienen que ver con el cumplimiento y los permisos para la gestión de desperdicios sólidos. En 2000, la JCA tenía en su empleo a 14 personas que trabajaban en el área central de cumplimiento y permisos, y ya para el año 2005, este número se había reducido a 5 (con responsabilidades ampliadas).  En 2010, la dotación de personal se redujo a 1. Para el año 2012, la JCA no tenía ningún empleado central a cargo de los procesos de cumplimiento relacionados con la gestión de desperdicios sólidos … Hay aproximadamente 12 vertederos municipales activos y / o cerrados que reciben desperdicios sólidos y que pueden estar sujetos a las regulaciones federales”.

No hay constancia de que se haya tomado acción efectiva para remediar la situación del plantel profesional, ni de que haya habido alguna intervención por parte de la EPA, que tiene la autoridad para hacerlo. Teniendo en cuenta el reconocimiento interno reiterado en tantas ocasiones – comprobado en estos documentos de reciente adquisición –  que la EPA ha sabido durante por lo menos una década que la mayoría de los vertederos de Puerto Rico representan una amenaza considerable para el público, la EPA tiene una responsabilidad y un deber de cuidado para proporcionar igualdad de protección ante la ley y, específicamente, según la RCRA § 7003, para intervenir con urgencia en Puerto Rico.  Hasta la fecha, la EPA se ha mostrado incapaz de hacer esto.

Esto significa que los requisitos de seguridad en los vertederos de Puerto Rico no han cumplido con las normas federales durante más de 15 años.  La JCA destruyó sus propias reglas sin notificar a la EPA según lo requerido y solo se le instruyó 9 años más tarde que los devolviera a su estado original, o si no, corría el riesgo de perder su autoridad como entidad de aplicación.  Hasta 2014 no había completado la corrección.  Las reiteradas evaluaciones anuales enviadas a la dirección de la Región 2 alertaron a la situación e incluso incluyeron recomendaciones para una intervención directa.  Pero la Región 2 de la EPA bajo Judith Enck se dedicó a hacer ajustes en la periferia del asunto, enviando cartas y celebrando reuniones, y solo emitió órdenes o negoció acuerdos con menos de la mitad de los vertidos a cielo abierto, muchos de los cuales desobedecieron estas órdenes.

Año tras año, las evaluaciones emitidas por el personal a cargo del cumplimiento de la normativa bajo Enck describían un sistema generalizado de vertederos abiertos, mientras que el gobierno se Puerto Rico se mostraba reacio a corregir un conjunto ilegal de cambios en las reglas realizados hace casi dos décadas.  Pero a diferencia de su antecesor, no hay registro de que Enck haya considerado o contemplado la revocación de la autoridad de la JCA, lo que refleja un enfoque de no intervención hacia una situación de incumplimiento claramente muy caótica en Puerto Rico.

Lo que no está claro después de tantos años de evaluaciones internas de la EPA, es cuán alto ha llegado la cadena de información.  Pero los documentos muestran claramente que la administradora de la Región 2, Judith Enck, es consciente de la profundidad y la magnitud de la crisis, así como de la amenaza que representa para la salud humana y el medio ambiente, y ha decidido no utilizar la autoridad legal conferida a la EPA para proteger a las comunidades más vulnerables en Puerto Rico.

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IV. Conclusiones y preguntas que todavía necesitan respuestas

El rastro de la documentación que expone el envenenamiento de Puerto Rico está público ahora, y las conclusiones son claras: la EPA, las autoridades de Puerto Rico y la mayoría de los vertederos municipales del ELA han colaborado o se han puesto de acuerdo para permitir un negocio masivo, tóxico e ilegal de vertido de miles de toneladas de basura sin regular en simples agujeros hechos en el suelo en toda la isla.  Y esto ha estado ocurriendo, debajo de las narices del pueblo, durante una década o más.  El aumento de amenazas para la salud que originan en estos sitios tóxicos, tales como el virus del Zika, exigen más que nunca que instemos a los reguladores que hagan su trabajo.

Por otra parte, la crisis de los vertederos que la EPA ha permitido que florezca en Puerto Rico es algo único.  La propagación de semejante situación en tantos lugares tóxicos, nunca sería tolerada en los Estados Unidos continental.  Las comunidades donde se ubican los vertederos en Puerto Rico son en su mayoría de bajos recursos, y el ELA no disfruta de los mismos beneficios que los estados.  Estas comunidades afectadas no tienen, por lo tanto, el mismo acceso a los recursos que protegen sus derechos como sus pares americanos, ni tampoco tienen una voz que pueda expresar sus preocupaciones como la tienen las comunidades más acomodadas en el continente.  En otras palabras, la crisis de los vertederos en Puerto Rico es un caso claro de injusticia ambiental.  La EPA no está proporcionando a estas comunidades los mismos beneficios y protección que a las comunidades más favorecidas en la parte continental de los Estados Unidos.

Las preguntas que debe hacerse el pueblo de Puerto Rico, así como el movimiento de justicia ambiental en los Estados Unidos y aquellos en el gobierno de Obama y en el Congreso de Estados Unidos que son responsables de vigilar el accionar de la EPA, son las siguientes:

    • ¿Por qué es que la actual administradora de la Región 2 de la EPA, Judith Enck, ha tomado un enfoque tan mediocre a la crisis, a pesar de las repetidas y claras evaluaciones realizadas por su personal durante una década o más?  La administradora de la EPA Gina McCarthy ¿fue informada sobre la crisis de los vertederos?  ¿Cuándo, y en qué medida?
    • ¿Qué relevará un examen a fondo del rastro de la documentación adentro de la JCA, y la comunicación entre la Junta y los rellenos sanitarios, acerca de la evisceración de las regulaciones locales perpetrada en 1997?  Existen intereses financieros en Puerto Rico que tienen una relación directa con lo sucedido que va más allá de los propios municipios?
    • La EPA o el gobierno de Puerto Rico ¿han llevado a cabo pruebas ambientales o evaluaciones del nivel y grado de contaminación del agua, del aire y del suelo alrededor de los vertederos que han tenido permiso para violar las reglas de seguridad durante décadas?  ¿Se ha llevado a cabo una evaluación de vertimiento de desechos peligrosos en estos sitios?  ¿O fueron estas investigaciones bloqueadas internamente?
    •  ¿Cuándo harán que los vertederos que no cumplen acaten los estándares mínimos de la EPA o sean cerrados?
    • Además de los volúmenes importantes de informes que detallan las violaciones de las leyes federales, documentadas en los archivos que hemos descubierto, ¿se han cometido delitos?  ¿Por quién?  Y si es así, ¿se hará justicia?

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II. Hecho delictivo de la JCA, documentada por la EPA

El plan fallido de 1994 de Puerto Rico

En 1994, la EPA revisó una solicitud para conferir la autoridad de permisos y ejecución respecto de los vertederos de Puerto Rico a la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA). Para conceder esa autoridad,  la EPA debió revisar los planes de supervisión y permisos de Puerto Rico para evaluar si eran adecuados.

PR-Paper-Photos-430x288-4En el documento, la solicitud de la JCA se mostró a todas luces completa y en consonancia con la letra y el espíritu de la RCRA, Inciso D. En ese entonces, Puerto Rico tenía 61 vertederos en operación, y se había comprometido con el cierre permanente de 31 plantas: “Veintinueve SLFs (Sanitary Landfill) municipales (más una instalación particular) estarán sujetos a la regulación después del 9 de abril de 1993 (29 municipios y 1 privado). De estas instalaciones, aproximadamente 19 están programadas para su cierre eventual durante un período de transición de 5 a 7 años. …. Todas las instalaciones existentes, incluidas aquellas programadas para el cierre eventual, serán autorizadas en el Reglamento y sujetas a los requisitos técnicos detallados en la Parte 258. Después de completar esta fase de transición, quedarán aproximadamente 11 instalaciones regionales que continuarán sirviendo al ELA”.

Pero el plan nunca se realizó.  Una revisión de los informes internos redactados por los funcionarios encargados de hacer cumplir las reglas de la EPA entre 2005 y 2014, en los cuales se evalúa la situación de cumplimiento de los vertederos en Puerto Rico, revela que la JCA nunca llevó a cabo su plan, ni tampoco pudo alcanzar el mínimo nivel de cumplimiento que debería tolerar la EPA bajo la RCRA.  Las evaluaciones son tan malas e inmutables que los mismos agentes recurrieron a la repetición del mismo panorama calamitoso en la sección inicial de cada documento producido durante nueve años.

De la evaluación de 2005, firmado por el agente de cumplimiento Carl Plossl:  “Muchos vertederos en operación en Puerto Rico han estado en un estado de incumplimiento significativo de la normativa que gobierna los vertederos de residuos sólidos federales y estatales durante más de 10 años, y se consideran vertederos abiertos que representan un riesgo permanente para la salud humana y el medio ambiente. La Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) no han sido eficaces en la corrección de este incumplimiento. (…) A pesar del cierre de aproximadamente 30 vertederos a cielo abierto en los últimos 15 años, los restantes 29 vertederos de desperdicios sólidos municipales en operación siguen en un estado de incumplimiento significativo, tanto de los reglamentos sobre los vertederos de desperdicios sólidos de la ELA como a nivel federal. No hubo ningún esfuerzo aparente por parte del Gobierno de Puerto Rico para implementar el plan de gestión de desperdicios sólidos (Solid Waste Management Plan) del 10 de agosto de 1993”.

De la  evaluación de 2006, firmado por Plossl y Adolph Everett: “Muchos vertederos en operación en Puerto Rico han estado en un estado de incumplimiento significativo de la normativa que gobierna los vertederos de desperdicios sólidos federales y estatales durante más de 11 años, y se consideran vertederos abiertos que representan un riesgo permanente para la salud humana y el medio ambiente.  La Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) no han sido eficaces en la corrección de este incumplimiento.”

De la evaluación de 2008, firmado por Plossl, Philip Flax y Kimiko Link: “Muchos vertederos en operación en Puerto Rico han estado en un estado de incumplimiento significativo de la normativa que gobierna los vertederos de desperdicios sólidos federales y estatales durante más de 12 años, y se consideran vertederos abiertos que representan un riesgo permanente para la salud humana y el medio ambiente. La Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA) no han sido eficaces en la corrección de este incumplimiento desde el punto de vista de la planificación (bajo el mando de la ADS) o desde la perspectiva de la implementación de un programa (bajo el mando de la JCA). En parte, esto se puede atribuir a la falta de un plan de gestión integral de desperdicios sólidos”.

De la evaluación de 2010, firmado por Everett y George Meyer: “Muchos de los vertederos de Puerto Rico están llegando al límite de su capacidad, la mayoría no cumple con las normas federales de la RCRA y la CAA y presenta una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medio ambiente. Se realiza un reciclaje escaso. A pesar de que la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) tiene la autorización para poner en práctica los permisos y aplicarlos dentro del programa de desperdicios sólidos de la RCRA, la JCA ha sido incapaz de hacerlo. Del mismo modo, la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico no ha puesto en práctica ninguno de los planes de gestión de desperdicios sólidos propuestos en los últimos 15 a 20 años”.

De la evaluación de 2011, firmado por Everett y Meyer: “Muchos de los vertederos de Puerto Rico están llegando al límite de su capacidad, la mayoría no cumplen con las normas federales de la RCRA y la CAA, y presentan una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medio ambiente.  Se realiza un reciclaje de naturaleza escasa.  A pesar de que la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) tiene la autorización para poner en práctica los permisos y aplicarlos dentro del programa de residuos sólidos de la RCRA, la JCA ha sido incapaz de hacerlo.  Del mismo modo, la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico no ha puesto en práctica ninguno de los planes de gestión de desperdicios sólidos propuestos en los últimos 15 a 20 años”.

De la evaluación de 2012, firmado por Everett y Meyer: “Muchos de los vertederos de Puerto Rico ya han llegado o están llegando al límite de su capacidad y pueden presentar una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medio ambiente. Se comprueba la existencia de unos pocos programas de reciclaje escaso de residuos sólidos municipales. A pesar de que la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) tiene la autorización para poner en práctica los permisos y aplicarlos dentro del programa de gestión de residuos sólidos de la RCRA, la JCA no ha atendido el problema de los vertederos que no cumplen mediante acciones correctivas de aplicación. Del mismo modo, la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico no ha puesto en práctica ninguno de los planes de gestión de desperdicios sólidos propuestos en los últimos 15 a 20 años”.

De la evaluación de 2013, firmado por Meyer: “Muchos de los vertederos de Puerto Rico ya han llegado o están llegando al límite de su capacidad y pueden presentar una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medio ambiente. Se comprueba la existencia de unos pocos programas de reciclaje escaso de residuos sólidos municipales. A pesar de que la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) tiene la autorización para poner en práctica los permisos y aplicarlos dentro del programa de gestión de residuos sólidos de la RCRA, la JCA no ha atendido el problema de aquellos vertederos que no cumplen mediante acciones correctivas de aplicación. Del mismo modo, la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico no ha puesto en práctica ninguno de los planes de gestión de residuos sólidos propuestos en los últimos 15 a 20 años”.

De la evaluación de 2014, firmado por Leonard Voo y Judy Mitchell: “Muchos de los vertederos de Puerto Rico ya han llegado o están llegando al límite de su capacidad y pueden presentar una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medio ambiente.”

 
La JCA eviscera las Reglas de Seguridad

La cuestión del no cumplimiento de la normativa no se limita sólo al tema del cumplimiento y su aplicación.  En 1997, la JCA cruzó una nueva línea cuando fueron las autoridades mismas que llevaron a cabo el eviscerado deliberado de las normas básicas.  Ese año, el gobierno de Puerto Rico modificó el reglamento aprobado por la EPA respecto del proceso de otorgamiento de permisos. Este cambio se hizo sin notificar a la EPA, en violación de las regulaciones federales, y la EPA no se dio cuenta hasta 2005.

Los cambios en las regulaciones tuvieron el efecto de eximir a los municipios de la necesidad de cumplir con la garantía financiera, y de permitir que realizaran nuevas expansiones horizontales afuera de los límites originales de la zona del vertedero, asimismo eximiéndoles de los requisitos de revestimiento y de recogida de lixiviados.  Fue, lisa y llanamente, una evisceración de las reglas de seguridad para los vertederos, algo que violó el deber de la JCA de hacer cumplir las normas federales.

Un correo electrónico interno de la EPA revela que la agencia descubrió esta violación de la ley federal casi una década más tarde, en junio de 2005.  Este correo electrónico es parte de una conversación entre un grupo de miembros del personal a cargo de hacer cumplir la reglamentación de la EPA Región 2, que están hablando de la “expansión lateral del vertido a cielo abierto en Toa Baja” (un vertedero que sigue funcionando hoy en día).  En la conversación, un funcionario informa al grupo que “hemos verificado las reglas actuales de la JCA vs. aquellas originalmente presentadas con respecto a la expansión lateral. (…) La norma original, presentada como parte de la solicitud de aprobación del programa, fue redactada correctamente, pero la JCA la ha revisado de manera inapropiada (…). Esta situación tiene implicancias importantes para toda la isla y debe ser corregida”. 

Los archivos revelan que el entonces administrador de la Región 2, Alan Steinberg, se involucró de inmediato, y su respuesta inicial fue dirigida hacia las más altas autoridades en Puerto Rico.  El  30 de noviembre de 2005, un correo electrónico interno de parte del mismo funcionario encargado de hacer cumplir la reglamentación de la EPA, George Meyer, parecería sugerir que habían afrontado a la JCA con la evidencia de los cambios, pero que la Junta negó que hubieran ocurrido.  El correo electrónico incluye una conversación que indica que Steinberg (identificado por las siglas correspondientes a su cargo, “RA”, en el correo electrónico) habría enviado una carta al gobernador de Puerto Rico, en el cual había establecido los “objetivos” de la EPA con los cuales Puerto Rico debería cumplir.  El primer objetivo reza: “Para el 30 de noviembre de 2005, deberá notificar a la EPA oficialmente, por escrito (en inglés), todos los cambios realizados a la normativa de desperdicios sólidos de Puerto Rico desde el momento de la aprobación por parte de la EPA del programa de gestión de desperdicios sólidos de PR”.

Sin embargo, el correo electrónico señala que en una reunión celebrada por Steinberg en Puerto Rico,  “la JCA repitió su afirmación de que no se habían realizado cambios en la reglamentación, por lo que no está claro si la respuesta se enviaría en breve.”

En febrero de 2006, Aníbal José Torres, el secretario del interior de la gobernación del entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, respondió a Steinberg en una carta en la cual tomaba nota de la solicitud de traducir la normativa actual de la JCA al inglés, tres meses después del envío de la solicitud de que proporcionaran un análisis de los cambios realizados por Puerto Rico.  Torres informó que enviarían la traducción a la EPA en marzo de 2006 y que “evaluarían” los “comentarios” de la misma, pero otros documentos sugieren que la JCA no mandó su respuesta hasta mayo de ese año.  Sin embargo, el documento que finalmente fue enviado a la EPA demostró que la JCA sí había violado la ley.

En una carta escueta de Steinberg al gobernador Acevedo Vilá con fecha del 5 de octubre de 2006, Steinberg explicó que la agencia había recibido la traducción en inglés de la normativa sobre los vertederos por parte de la JCA el 10 de mayo, pero no había recibido el análisis de los cambios realizados, ni la explicación adjunta que ellos habían exigido para aclarar el porqué de cada cambio.  “La EPA no recibió la descripción de los cambios por parte de la Secretaria de Justicia, ni la razón de ser de estos cambios, ni la certificación de que dichos cambios habían sido efectuados, ni la garantía de que estos reglamentos habían sido traducidos correctamente”, escribió Steinberg.  A pesar de esto, la EPA pudo constatar que la JCA había efectivamente eviscerado las normas federales clave: “Hemos observado una serie de cambios que no son compatibles con los requisitos federales, de acuerdo con 40 CFR Parte 239 y Parte 258.  Estos cambios incluyen la definición de la expansión lateral y la aplicabilidad de los requisitos de garantía financiera, previamente subrayados.  También observamos un cambio significativo en la definición de un revestimiento compuesto.  Estos cambios, junto con otros señalados por la EPA, pueden poner en peligro el estatus de aprobación del programa de vertederos de desperdicios sólidos municipales de Puerto Rico”.  Con el fin de no permitirle a la JCA más margen de maniobra, Steinberg adjuntó el reglamento original de Puerto Rico, producido en 1993 en español que cumplía con las normas federales para que se pudiera comparar con la normativa eviscerada en uso por la JCA.

La amenaza de Steinberg, emitida contra la autoridad de la JCA, luego de que su personal haya descubierto hasta qué punto se había modificado la normativa de vertido, era una medida adecuada dadas las circunstancias.   En la evaluación de los vertederos de Puerto Rico, redactada por los funcionarios de la EPA Carl Plossl, Philip Flax y Kimiko Link, del 4 de diciembre de 2008, cerca del final del mandato de Steinberg, se decidió que desde esta Agencia se podría tomar semejante acción, pudiendo asimismo atender potenciales problemas legales o reglamentarios con la intervención y aplicación directa de la EPA: “Las consecuencias de no volver a modificar los reglamentos según los requisitos federales podrían incluir la revocación de la aprobación del programa, lo que le conferiría a la EPA la autoridad de aplicación directa para la parte 258 del 40 CFR que tiene que ver con los requisitos que rigen los vertederos. Sin embargo, la EPA no tendría la autoridad de otorgar las habilitaciones, y, como consecuencia, Puerto Rico perdería la flexibilidad que gozan aquellos estados con autorización, siendo que a estos se les permite autorizar la construcción de nuevos vertederos o ampliar las instalaciones existentes en zonas sísmicas (la totalidad de Puerto Rico se encuentra en una zona sísmica). Sin embargo, la EPA podría dictar normas específicas para lograr este fin”.    Entre las “opciones y recomendaciones” detalladas al final del documento por el personal a cargo del cumplimiento de las normas aparece, sencillamente, la recomendación: “Retirar la aprobación del programa.”

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RESUMEN EJECUTIVO

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha tomado poca acción a pesar de documentar, durante más de una década, las reiteradas violaciones graves de las normas federales de seguridad respecto de los vertederos en Puerto Rico. Además, ha permitido que la mayoría de los vertederos municipales de la isla puedan seguir operando como “vertederos a cielo abierto”, contaminando el suelo, el agua y el aire en violación de la ley federal.

PR-Photos-228x430-6Estos hechos han sido expuestos a través de un trabajo de rastreo de documentación y comunicación de la EPA obtenidas por Puerto Rico Limpio a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), y que ahora publica de manera exclusiva en este informe a continuación.

La información muestra que durante más de dos décadas, el personal de la EPA documentó un estado de caos regulatorio en el cual se llevaron a cabo reuniones y comunicaciones entre esta entidad y el gobernador de Puerto Rico, sus funcionarios de alto nivel, la Junta de Calidad Ambiental (JCA), los líderes municipales y los operadores de vertederos, y que los acuerdos obtenidos fueron incumplidos, ignorados, negados u obstaculizados de manera rutinaria.  Al fin y al cabo, nunca ha habido una aplicación efectiva de la ley en Puerto Rico, y la EPA no ha respondido de manera eficaz.


Los delitos y la mala administración en escala mayor de la JCA

Los archivos de la EPA del 1994 muestran que en su momento, Puerto Rico propuso un complejo plan para crear un sistema de gestión de residuos sólidos que era seguro y cumplía con la ley, fue cuando la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico (JCA) solicitó a la EPA la concesión de la autoridad de aplicación a nivel local.  Pero a medida que pasaron los años, los documentos de la EPA muestran que las promesas hechas por la JCA en su aplicación nunca se cumplieron.

Los documentos muestran que en el plan de 1994 presentado por la JCA, se pedía una expansión de su plantel de funcionarios a cargo de hacer cumplir la ley. Sin embargo, la EPA hizo la vista gorda durante años mientras las autoridades locales sistemáticamente eliminaron todos los puestos propios del equipo de cumplimiento para los vertederos, todo debajo de sus propias narices, durante un periodo crítico: de 14 empleados en 2000 a 5 en 2005, a 1 en 2010 y en el 2012 ya no quedaba ninguno.

Peor aún, la EPA descubrió en 2005 que poco después concederle a la JCA el nivel de autoridad local buscado, esta entidad evisceró las reglas que gobernaban a los vertederos locales, reduciendo el nivel de exigencias por debajo de los estándares federales, sin notificar a la agencia federal como dispone la ley.  A pesar de las advertencias iniciales de alto nivel que dirigió la EPA de la Región 2 al entonces gobernador de Puerto Rico, la JCA se resistió a responder.  Cuando Judith Enck asumió como administradora de la Región 2, los registros indican que todo contacto de alto nivel con las autoridades de Puerto Rico cesó.

El incumplimiento del deber por parte de la EPA

Pero con respecto a la enormidad del problema documentado por el personal ejecutivo de la EPA Región 2, el liderazgo regional nunca intervino para tomar medidas decisivas y revocar la autoridad de ejecución conferida en la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, haciendo cumplir las leyes federales en los vertederos de Puerto Rico.

De hecho, bajo el mandato de la administradora regional Judith Enck, el personal encargado del cumplimiento emitió una recomendación específica para revocar la autoridad de la JCA y directamente hacer cumplir las normas federales de cara a la crisis de los vertederos que ya presentaban “una amenaza inminente y sustancial para la salud humana y el medio ambiente”.  Pero Enck no le hizo caso a la recomendación y disminuyó la presión sobre las autoridades locales.  A su vez, es altamente probable que las comunidades vecinas a la mayoría de los vertederos hayan sido expuestas a la contaminación de las aguas subterráneas, de las costas y los ríos, de los recursos marinos, y de las zonas húmedas y reservas naturales protegidas, mientras que la EPA seguía registrando la acumulación de informes internos que representaban años de violaciones de la Ley sobre la Conservación de Recursos y Recuperación (Resources Conservation and Recovery Act – RCRA).

La secuencia de las evaluaciones internas de la EPA producidas entre 2005 y 2014 muestra una incapacidad reiterada de encontrar la forma de resolver la crisis que padecía el sistema de rellenos sanitarios en la isla.  La EPA ha informado repetidamente que la mayoría de los vertederos no cumplen de manera “significativa”, “grave” o “sostenida”, y que se caracterizan como “vertederos a cielo abierto”.  A pesar de la existencia de archivos que reconocen décadas de violaciones en desmedro de la salud pública y la seguridad ambiental, sólo se conoce, por parte de la EPA como autoridad de intervención unilateral bajo la Sección 7003, acciones contra apenas menos de la mitad de los vertederos en incumplimiento, durante más de dos décadas.  El resultado de la negligencia en el cumplimiento del deber federal de la EPA, es que la mayoría de los 27 vertederos actuales de Puerto Rico, descritos en los propios archivos de la EPA como “vertidos a cielo abierto sin liner” – a menudo en regiones sensibles por el medio ambiente – siguen operando en la actualidad.

Muchas de las áreas más afectadas en Puerto Rico son zonas donde vive gente empobrecida o de bajos ingresos que no tienen el mismo acceso a la protección legal que aquellas comunidades con mayores recursos.  Este nivel de descuido constituye una forma de injusticia ambiental, puesto que las comunidades americanas desfavorecidas en Puerto Rico reciben menos protección federal que sus pares en el continente.

El informe plantea una serie de preguntas preocupantes acerca de las acciones de la EPA y por qué fueron tan negligentes en la protección de las comunidades de Puerto Rico:

¿Por qué la actual administradora de la Región 2 de la EPA, Judith Enck ha tomado un enfoque poco convincente hacia la crisis, a pesar de las repetidas evaluaciones muy claras que se han producido durante todo su mandato?  La administradora de la EPA Gina McCarthy ¿fue informada sobre la crisis de los vertederos?  ¿Cuándo, y en qué medida?

La EPA o el gobierno de Puerto Rico ¿han llevado a cabo pruebas ambientales o evaluaciones del nivel y grado de contaminación del agua, del aire y del suelo alrededor de los vertederos que han tenido permiso para violar las reglas de seguridad durante décadas?  ¿O fueron estas investigaciones bloqueadas internamente?

¿Qué relevará un examen a fondo del rastro de la documentación adentro de la JCA, y la comunicación entre la Junta y los rellenos sanitarios, acerca de la evisceración de las regulaciones locales perpetrada en 1997?  ¿Existen intereses financieros en Puerto Rico que tienen una relación directa con lo sucedido que va más allá de los propios municipios?

Con semejante número de vertederos que ni siquiera clasifican ni supervisan la basura entrante, ¿cuál es el nivel de gravedad alcanzado por el vertido ilegal de residuos peligrosos en Puerto Rico bajo la vigilancia de la EPA?

Estos vertederos que no cumplen, ¿están violando la ley federal de Aire Limpio y Agua Limpia?

¿Será posible que los futuros intentos de indagar a mayor profundidad pondrán al descubierto aún más crímenes cometidos por las empresas, los funcionarios públicos y hasta los trabajadores?

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I. Lo que la EPA podría haber hecho bajo la RCRA

En 1985, la ley de    Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA), Inciso D,   fue adoptada para regular la gestión y eliminación de residuos en vertederos municipales en los Estados Unidos,  cuyas provisiones son administradas por la EPA. Las regulaciones establecidas bajo el Inciso D prohíben la eliminación de residuos al aire libre y establecen mínimos criterios federales para el funcionamiento de los vertederos municipales e industriales. Aquellos vertederos clasificados como “vertederos a cielo abierto” no cumplen con las  mínimas normas federales.

PR-Paper-Photos-430x288-5La isla de Puerto Rico, que cae bajo la nomenclatura de la Región 2 de la EPA, es incluida en la RCRA bajo Inciso D.

Los mínimos requisitos operativos para la gestión de un vertedero municipal requieren del control de accesos, un revestimiento para proteger las celdas, la protección y vigilancia de la acumulación del gas de metano, un sistema de recogida de lixiviados y el monitoreo del agua subterránea, además de tapar los residuos municipales con frecuencia diaria.

Estas normas mínimas también incluyen criterios de diseño, restricciones que tienen que ver con su ubicación, garantía financiera, acciones correctivas (limpieza), y los requisitos de cierre. Los estados desempeñan un papel clave en la aplicación de estas normas y pueden establecer requisitos todavía más estrictos. Con el fin de ser calificados como pasibles de asumir el liderazgo en cuanto a la aplicación del Inciso D, los estados debían pedir que la EPA lleve a cabo una revisión pública de su programa de permisos planeados, y que apruebe el mismo como un programa adecuado.

La EPA está autorizada a revocar su aprobación de aquellos programas estatales cuyos permisos son “insuficientes”, y puede aplicar de manera unilateral ciertas normas mínimas federales en los vertederos que se encuentran en los estados o en jurisdicciones como Puerto Rico.

Así las cosas, si bien un estado o territorio como Puerto Rico tiene la autoridad para implementar su propia entidad o autoridad de permisos, la EPA tiene la competencia exclusiva para revocarla, y más importante todavía, dispone de su propia entidad reguladora independiente bajo Sección 7003 de la RCRA para tomar una decisión sobre la gestión, transporte o almacenamiento de aquellos residuos sólidos que pueden representar un “peligro sustancial e inminente para la salud y el medio ambiente”, pudiendo asimismo presentar demandas o emitir órdenes. Los ciudadanos también tienen derecho a invocar la RCRA 7002 y a presentar una demanda en contra de cualquier persona, incluyendo cualquiera entidad gubernamental, que “se alega estar en violación de cualquier permiso, normas, reglamentos, condiciones, requisitos, prohibición u orden que esté en vigencia según la RCRA”.

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PROLOGO

PR-Paper-Photos-430x288-authorPor Dr. Michael K. Dorsey

Hace veintidós años, el Presidente de los Estados Unidos ordenó a todas las agencias federales incluir la “justicia ambiental” como parte de su misión de “identificar y abordar, según proceda, los niveles desproporcionadamente altos de los adversos efectos en el medio ambiente, o en la salud humana, de sus programas, políticas y actividades respecto de las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos en los Estados Unidos, sus territorios y posesiones”. Esto incluye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La directiva del Presidente, consagrado en una orden ejecutiva, obligó a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) redireccionar a su recién creada Oficina de Justicia Ambiental con el fin de promover nuevos programas y políticas para garantizar la igualdad en el tema de la protección del medio ambiente para los ciudadanos americanos en virtud de la ley. A pesar de que tardó en reconocerlo, la EPA ahora acepta que la igualdad en la protección del medio ambiente frecuentemente está ausente entre las comunidades que suelen ser perjudicadas en primer lugar, en particular por la ubicación desproporcionada y el vertido indebido de los residuos peligrosos y otras amenazas para la salud pública y ambiental.

Para colmo, en el contexto de esta injusticia, muchas de las comunidades que ya soportan una carga desproporcionada, suelen ser los grupos más marginados de la sociedad, en general debido a su condición racial o étnica y sus bajos ingresos. En los Estados Unidos, los residuos peligrosos se vierten de manera desproporcionada en las comunidades donde viven nuestros conciudadanos más pobres, los grupos de personas de piel negra y morena como yo, aquellos que sobreviven al margen del sueño americano, que se torna algo más parecido a una pesadilla. Puerto Rico no es exenta del flagelo de la injusticia ambiental, algo que muchos académicos llaman el racismo ambiental.

Dos tercios o más de los vertederos municipales de Puerto Rico no cumplen con las normas de la EPA.  No se trata de apenas uno o dos vertederos que no cumplen. El problema afecta a toda la isla de los 27 vertederos municipales del ELA, por menos 20 no cumplen con las normas ambientales más básicas.  Recientemente, en una escueta misiva dirigida a un miembro del Congreso, el administrador regional de la EPA con la responsabilidad de supervisar la crisis de los vertederos de la isla afirmó que: “Durante muchos años, la EPA ha trabajado para mejorar la gestión de los residuos sólidos en Puerto Rico”. Simultáneamente, la EPA también admite que “los vertederos en Puerto Rico no han sido siempre cerrados de acuerdo con las mínimas regulaciones federales y estatales”.  Este informe revela, a través de los documentos internos de la EPA, que la Agencia simplemente no ha tomado las acciones apropiadas durante décadas, acciones que fueron y son vitales para hacer frente a lo que se ha identificado como una “amenaza inminente para la salud humana y el medio ambiente”.

Estas declaraciones de tono elevado de que se está realizando la supervisión adecuada son incongruentes con la admisión de la abrogación de los deberes más básicos por parte de la EPA, y esto debería ser motivo de grave preocupación al más alto nivel. Tales declaraciones contradictorias plantean serias dudas sobre la capacidad de liderazgo y de la supervisión de la gestión de la EPA, y muy bien pueden indicar que ha habido una negligencia criminal. Este informe producido por Puerto Rico Limpio da cuenta de casi una generación de “mirar hacia otro lado” por parte tanto de la EPA como de su contraparte en la isla: la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico. Los resultados son demás inquietantes. Las advertencias y sugerencias realizadas por el personal a cargo de hacer cumplir las normativas son normalmente ignoradas o desacreditadas. Y mientras tanto, se sigue dejando a estas.

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EL ENVENENAMIENTO DE PUERTO RICO

Revelamos el persistente descuido por la crisis de los vertederos de Puerto Rico por parte de la EPA

Tras meses de investigaciones in situ, con reuniones comunitarias y la publicación de documentos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), Puerto Rico Limpio puede demostrar de manera fehaciente que la crisis de los vertederos es el producto de la mala administración por parte de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), y de la negligencia en el cumplimiento del deber por parte de la EPA.

Lea el Informe:

PR_Paper_Cover_Spanish

 

 

 

 

 

 

Lea las secciones:

Prologo por Dr. Michael K. Dorsey
Resumen Ejecutivo
I. Lo que la EPA podría haber hecho bajo la RCRA
II. Hecho delictivo de la JCA, documentada por la EPA
III. El incumplimiento del deber por parte de la EPA
IV. Conclusiones  y preguntas que todavía necesitan respuestas

Esto es lo que encontramos:

La JCA nunca ha sido ni siquiera mínimamente eficaz en su tarea de hacer cumplir las normas federales, desde que fue aprobada para llevar a cabo esta función por la EPA en 1994.  Y la EPA estaba al tanto.

La documentación recientemente obtenida demuestra que poco tiempo después de otorgar a la JCA el poder de ejecución, esta entidad socavó todas las normas que regulan los vertederos locales, sin notificar a la EPA.

La EPA se enteró de estos cambios secretos en las reglas en 2005, pero no tomó medidas efectivas para restaurar las normas federales en las regulaciones de Puerto Rico.

Al poco tiempo de la llegada de Judith Enck como administradora regional de la EPA en la Región 2, esta sacó el pie del acelerador y dejó de presionar a las autoridades de Puerto Rico de alto nivel para que respondieran con acciones a las repetidas y urgentes advertencias hechas por los funcionarios de alto nivel de la EPA sobre las amenazas que representaban los vertederos para la salud humana y el medio ambiente.  Desde 2009, Enck ha limitado su respuesta a la emisión de órdenes de cierre – que en su mayoría no han tenido efecto – para menos de la mitad de los vertederos que su personal ha clasificado como inseguros.  Apenas un solo vertedero se ha cerrado durante su mandato.

 

 

 

 


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