I. Lo que la EPA podría haber hecho bajo la RCRA

En 1985, la ley de    Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA), Inciso D,   fue adoptada para regular la gestión y eliminación de residuos en vertederos municipales en los Estados Unidos,  cuyas provisiones son administradas por la EPA. Las regulaciones establecidas bajo el Inciso D prohíben la eliminación de residuos al aire libre y establecen mínimos criterios federales para el funcionamiento de los vertederos municipales e industriales. Aquellos vertederos clasificados como “vertederos a cielo abierto” no cumplen con las  mínimas normas federales.

PR-Paper-Photos-430x288-5La isla de Puerto Rico, que cae bajo la nomenclatura de la Región 2 de la EPA, es incluida en la RCRA bajo Inciso D.

Los mínimos requisitos operativos para la gestión de un vertedero municipal requieren del control de accesos, un revestimiento para proteger las celdas, la protección y vigilancia de la acumulación del gas de metano, un sistema de recogida de lixiviados y el monitoreo del agua subterránea, además de tapar los residuos municipales con frecuencia diaria.

Estas normas mínimas también incluyen criterios de diseño, restricciones que tienen que ver con su ubicación, garantía financiera, acciones correctivas (limpieza), y los requisitos de cierre. Los estados desempeñan un papel clave en la aplicación de estas normas y pueden establecer requisitos todavía más estrictos. Con el fin de ser calificados como pasibles de asumir el liderazgo en cuanto a la aplicación del Inciso D, los estados debían pedir que la EPA lleve a cabo una revisión pública de su programa de permisos planeados, y que apruebe el mismo como un programa adecuado.

La EPA está autorizada a revocar su aprobación de aquellos programas estatales cuyos permisos son “insuficientes”, y puede aplicar de manera unilateral ciertas normas mínimas federales en los vertederos que se encuentran en los estados o en jurisdicciones como Puerto Rico.

Así las cosas, si bien un estado o territorio como Puerto Rico tiene la autoridad para implementar su propia entidad o autoridad de permisos, la EPA tiene la competencia exclusiva para revocarla, y más importante todavía, dispone de su propia entidad reguladora independiente bajo Sección 7003 de la RCRA para tomar una decisión sobre la gestión, transporte o almacenamiento de aquellos residuos sólidos que pueden representar un “peligro sustancial e inminente para la salud y el medio ambiente”, pudiendo asimismo presentar demandas o emitir órdenes. Los ciudadanos también tienen derecho a invocar la RCRA 7002 y a presentar una demanda en contra de cualquier persona, incluyendo cualquiera entidad gubernamental, que “se alega estar en violación de cualquier permiso, normas, reglamentos, condiciones, requisitos, prohibición u orden que esté en vigencia según la RCRA”.

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